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Desde 1993, el Bloque Noroccidental de las extintas Farc-EP recibió la instrucción de controlar territorios en Antioquia, el norte del Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda. Para imponer su dominio, secuestró a personas que consideraba colaboradoras de sus enemigos o a quienes no se acogían a sus reglas. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP determinó que muchas de estas personas, además del secuestro, fueron víctimas de otros crímenes en cautiverio, como tortura, tratos crueles e inhumanos e incluso violencia sexual.